Presidente de Panamá propone consulta popular sobre mina ante masivas protestas / Foto: Maria Isabel Sanchez - AFP
Presidente de Panamá propone consulta popular sobre mina ante masivas protestas
El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, propuso este domingo la convocatoria de una consulta popular el 17 de diciembre para decidir si se deroga el contrato minero que desató inéditas protestas que sacuden al país desde hace nueve días.
En su escueto mensaje, de apenas dos minutos, Cortizo también anunció que su gobierno pedirá una ley que prohíba "la minería metálica a nivel nacional".
"A través de la participación ciudadana, mediante el voto podremos legitimar la voluntad del pueblo, cuyo resultado será de obligatorio cumplimiento. El pueblo es el soberano", afirmó.
Cortizo emitió su mensaje tras concluir una multitudinaria concentración en la capital, donde decenas de miles exigieron la derogación del contrato que permite a la compañía canadiense First Quantum Minerals (FQM) operar en el Caribe de Panamá la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica.
La multitud se congregó desde temprano en la tarde y hasta caer la noche en la Avenida Balboa, en la costanera que bordea la capital, adonde los manifestantes ondearon banderas y gritaron consignas contra el gobierno, exigiendo la derogación del contrato, constataron periodistas de la AFP.
"Éste es un momento histórico, no hay descanso cuando nuestro ambiente está en peligro. Vine aquí a pelear por el país que me heredaron mis ancestros", dijo Víctor González, de 28 años, quien acudió a la concentración junto a su esposa.
El malestar popular estalló el pasado 20 de octubre cuando el Congreso aprobó la ley que permite a FQM operar por 40 años la mina a cielo abierto. El presidente la promulgó en la noche de ese mismo día.
En un movimiento de protesta inusual en el país, miles de panameños se fueron sumando diariamente, con bloqueos de rutas en la capital y en varias provincias del país, paros laborales de maestros, médicos, obreros, transportistas y otros gremios. Las clases estuvieron suspendidas toda la semana.
Intentando aplacar el malestar popular, Cortizo prohibió el viernes las nuevas concesiones de minería metálica por decreto ejecutivo, pero mantuvo el contrato con la compañía canadiense, lo que atizó aún más el fuego.
Los manifestantes exigen que una moratoria de la actividad minera establecida por ley, no por decreto del gobierno de turno.
Los líderes de las protestas aún no se pronuncian sobre el nuevo mensaje del presidente.
- "Peleando por el futuro" -
Ante los bloqueos de carreteras comenzaron a escasear algunos productos. Camiones cargados de vegetales desde la provincia agrícola de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, no han podido distribuir los alimentos.
Periodistas de AFP constataron este domingo que el mercado mayorista donde se comercializa el 80% de los vegetales que se consumen en la capital, "Merca Panamá", decenas de locales estaban cerrados.
"Estamos peleando no solamente para que deroguen el contrato que afecta nuestro medio ambiente, sino también por nuestro futuro", aseguró Karla Álvarez, una joven manifestante de 25 años.
Aunque las manifestaciones han sido principalmente pacíficas, al concluir algunos pequeños grupos se enfrentan con piedras a los agentes antimotines, que les lanzan gases lacrimógenos.
En algunas zonas se han registrado actos de vandalismo. La policía ha informado de unas 500 detenciones en todo el país.
- Riesgo de demandas -
La ley aprobada por el Congreso selló el acuerdo firmado este año entre la minera y el gobierno, negociado después de que la Corte Suprema declarara inconstitucional en 2017 el contrato de explotación original porque se hizo sin licitación.
El gobierno ha defendido el contrato argumentando que contempla aportes mínimos anuales de la minera al Estado por 375 millones de dólares, diez veces el monto del acuerdo inicial.
Y ha advertido que una anulación del contrato provocaría la pérdida 8.000 empleos directos y 40.000 indirectos que genera la mina, además de que el país se expone a demandas multimillonarias en tribunales internacionales.
La minera aporta el 4% del PIB de Panamá y exporta cada año unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre desde Puerto Rincón, adonde llegaron manifestantes en una decena de lanchas el sábado.
En un comunicado, la compañía afirmó que la protesta representó una "amenaza" a sus operaciones y a la seguridad de su personal, pero no se pronunció sobre la situación convulsa del país.
La mina está situada en una remota zona del Caribe, a 240 km por ruta desde la capital, y entró en operaciones en febrero de 2019.
A.Weber--NZN
